El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria y frenó el paro petrolero que amenazaba con paralizar la producción en Vaca Muerta, uno de los principales yacimientos de hidrocarburos no convencionales del país. La medida, dispuesta por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo, tendrá una vigencia de 15 días y busca promover una solución pacífica al conflicto laboral que involucra al Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa y a las empresas del sector.

El conflicto se originó tras el anuncio de más de 1.200 despidos y 2.000 suspensiones de trabajadores, lo que llevó al gremio a convocar un paro de 48 horas para los días 30 y 31 de julio. La medida de fuerza, que amenazaba con afectar a más de 25.000 trabajadores y paralizar la logística y el transporte de crudo, fue suspendida tras la intervención estatal.

Marcelo Rucci, secretario general del sindicato, expresó su malestar por la falta de respuesta de las empresas y advirtió que "no se puede hablar de otra agenda si no es con los trabajadores adentro". Rucci denunció que, a pesar del récord de producción alcanzado en Vaca Muerta, los trabajadores son los principales perjudicados por las decisiones empresariales de ajuste.

Por su parte, las empresas argumentan que la reducción de personal responde a una baja en la cantidad de etapas de perforación previstas para la segunda mitad del año y a la necesidad de optimizar contratos. Sin embargo, el sindicato sostiene que se trata de una "transición mal gestionada" y exige la reincorporación de los despedidos.

El Gobierno nacional justificó la conciliación obligatoria como una medida para preservar la paz social y garantizar la continuidad de la producción en una actividad estratégica para el país. Durante el período de conciliación, las partes deberán suspender toda medida de acción directa y asegurar la normal prestación de servicios.

El conflicto se da en un contexto de alta productividad en Vaca Muerta, que en junio alcanzó un récord de 475.000 barriles diarios y representa más del 60% de la producción nacional de petróleo. No obstante, la reestructuración laboral y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores generan tensiones que podrían derivar en nuevas medidas si no se alcanza un acuerdo en las próximas semanas.