La causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell, sumó un nuevo capítulo judicial tras la presentación de un pedido de nulidad de la condena a Lucas Pertossi, uno de los ocho jóvenes sentenciados por el hecho. La Defensoría de Casación bonaerense solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se anule la sentencia contra Pertossi y se realice un nuevo juicio oral, argumentando que durante el proceso se vulneró su derecho de defensa.

Según el escrito presentado por el defensor Ignacio Nolfi, la estrategia de defensa fue común para todos los acusados, sin atender las diferencias de rol, pruebas y grado de participación de Pertossi respecto a los demás. El documento sostiene que esta situación generó un grave conflicto de intereses y privó al imputado de una defensa técnica efectiva e individualizada. "La homogeneización defensiva adoptada impidió desplegar líneas argumentales centrales en favor de Pertossi", señala el texto.

Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, desestimó la presentación y la calificó como una "triquiñuela técnica para mejorar su situación procesal". Burlando explicó que no existe un nuevo recurso de nulidad, sino la acumulación de quejas vinculadas a recursos extraordinarios federales ya rechazados en instancias anteriores. "Todas las decisiones han gozado de mucha contundencia jurídica", afirmó el letrado, quien consideró que el margen para modificar las condenas es muy reducido.

El caso ha atravesado diversas instancias judiciales, desde el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores, que en 2023 condenó a cinco de los acusados a prisión perpetua y a tres, entre ellos Pertossi, a 15 años de prisión como partícipes secundarios, hasta la Suprema Corte bonaerense, que confirmó las condenas pero quitó el agravante de alevosía.

La defensa de Pertossi sostiene que no fue visto golpeando a la víctima ni tuvo contacto físico con ella, y que las pruebas recabadas no lo vinculan directamente con los golpes mortales. Sin embargo, la querella y los fiscales insisten en la coautoría de todos los acusados y consideran que los intentos recursivos están prácticamente agotados.

El debate sobre las garantías de defensa y la individualización de responsabilidades sigue vigente, mientras la Corte Suprema debe decidir si admite el pedido de nulidad. El caso continúa generando repercusiones en la opinión pública y el ámbito judicial, a más de seis años del crimen que conmocionó a la Argentina.