El juicio oral contra Lidia Raquel Cardozo, acusada de asesinar a su hijo Leonel Francia, de 11 años, comenzó este miércoles en la ciudad de Salta. El caso, que conmocionó a la comunidad local, se desarrolla en la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, con la participación de los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello. El proceso, que se extenderá hasta el 9 de septiembre, prevé la declaración de cerca de 60 testigos, entre ellos médicos, policías, docentes, familiares y vecinos.

Leonel Francia falleció el 31 de agosto de 2023 tras ingresar sin vida al Hospital Papa Francisco, presentando lesiones visibles en su cuerpo. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico grave por lesión punzopenetrante, atribuida a una agresión física con un objeto contundente. "Las medidas adoptadas permitieron identificar a Lidia Raquel Cardozo como autora de la agresión fatal", sostiene la acusación de la Fiscalía, representada por el fiscal penal Santiago López Soto.

La investigación judicial se activó el mismo día del fallecimiento, con intervención de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Entre los elementos probatorios figuran registros de cámaras de seguridad, testimonios de vecinos y allegados, así como diferentes peritajes y diligencias. El entorno escolar había denunciado agresiones físicas previas sufridas por el menor y atribuidas a la madre, pero esas alertas no lograron evitar el desenlace fatal.

El padre del niño, José Francia, se constituyó como querellante y lideró una manifestación en Ciudad Judicial, exigiendo justicia y la pena máxima para la acusada. "Vengo por perpetuo", declaró ante los medios, mientras la defensa de Cardozo sostiene la hipótesis de un accidente doméstico, versión que los peritos descartaron por incompatibilidad de lesiones.

El juicio es seguido de cerca por la comunidad y medios nacionales, con expectativa sobre el fallo y sus implicancias sociales. El caso expone la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de menores y la responsabilidad institucional ante denuncias de maltrato infantil. El tribunal deberá evaluar la calidad de los elementos presentados para determinar el grado de responsabilidad penal de la imputada, cuyo futuro podría definirse con una condena a prisión perpetua.