En una jornada clave para la política fiscal argentina, los gobernadores de todas las provincias se reunieron este lunes con representantes del gobierno nacional en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), sin lograr un acuerdo sobre la distribución de fondos nacionales. La falta de consenso llevó a los mandatarios provinciales a firmar un proyecto de ley que será enviado al Congreso, con el objetivo de aumentar la participación de las provincias en la recaudación de impuestos y en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

La propuesta de los gobernadores incluye que el 60% del impuesto a los combustibles líquidos y la mitad de los ATN sean coparticipados con las provincias, en lugar del 10% actual. Según estimaciones, esto implicaría transferir alrededor de 2 billones de pesos de la Nación a las provincias, una cifra que podría poner en jaque el superávit fiscal acumulado hasta mayo de 2025, considerado fundamental por el gobierno de Javier Milei para combatir la inflación.

Durante la reunión, los representantes provinciales argumentaron que estos fondos pertenecen históricamente a las provincias y criticaron la discrecionalidad con la que han sido utilizados por sucesivos gobiernos nacionales. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó que la discusión fue técnica y que la unidad de los gobernadores, tanto oficialistas como opositores, es inédita en un año electoral. "No se trata de sacar dinero a la Nación, sino de distribuir lo que corresponde por ley", afirmó Torres.

Por su parte, el gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete Guillermo Francos, mantuvo una postura inflexible: "No hay ninguna posibilidad de que el presidente Milei y el ministro Caputo cedan un ápice en el superávit fiscal. Cualquier ley que quiera alterar eso será vetada". Esta advertencia profundizó la tensión política, incluso entre aliados del oficialismo, y dejó en evidencia el deterioro en la relación entre la Casa Rosada y las provincias.

El conflicto se da en un contexto de caída de la recaudación, paralización de obras públicas y creciente presión sobre las finanzas provinciales. Analistas advierten que, de prosperar la iniciativa de los gobernadores, podría verse comprometida la estabilidad fiscal y la confianza de los mercados. Mientras tanto, las negociaciones continuarán en busca de un acuerdo que permita equilibrar las necesidades provinciales con los objetivos macroeconómicos nacionales.