El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ha anunciado una serie de reformas en el sector aeronáutico que han generado polémica y rechazo por parte de los gremios. Las medidas incluyen la reducción de los días de vacaciones de los pilotos de 40 a 15 días anuales y un ajuste en las horas de descanso semanales, que pasarán de 36 a 30 horas, alineándose con los estándares internacionales establecidos por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

El decreto que oficializará estas modificaciones será publicado en el Boletín Oficial en los próximos días. Según fuentes oficiales, el objetivo de estas reformas es desregular el sector para atraer inversiones extranjeras y aumentar la competencia en el mercado aerocomercial. "Lo que buscamos con estos cambios es desregular el sector para que vengan más empresas de afuera a invertir en la explotación de las rutas argentinas", señalaron desde el Ejecutivo.

Sin embargo, los gremios aeronáuticos han expresado su rechazo categórico a estas medidas. Juan Pablo Brey, líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, calificó las reformas como un ataque a los derechos laborales y la soberanía nacional. "Buscan silenciar a los trabajadores y trabajadoras, atentando contra el derecho a huelga y desregulando el sector aéreo", afirmó.

Estas modificaciones forman parte de un proceso de desregulación más amplio que comenzó con el DNU 70/2023, el cual derogó gran parte del Código Aeronáutico. Entre los cambios más recientes, se destaca la eliminación de la obligación de que dos tercios del directorio de las empresas del sector sean argentinos, permitiendo una mayor participación de capital extranjero.

El Gobierno también planea reactivar el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas antes de fin de año, una iniciativa que había sido postergada para evitar conflictos durante la temporada alta. Además, se han flexibilizado las reglas para la matrícula de aeronaves, permitiendo contratos privados incluso celebrados en el extranjero.

Los gremios han anunciado planes de lucha que incluyen paros parciales, movilizaciones y asambleas. Expertos advierten que estas medidas podrían ser judicializadas, lo que añadiría un nuevo capítulo a la controversia.

En un contexto de presión del FMI para implementar reformas estructurales, el Gobierno defiende estas medidas como necesarias para modernizar el sector y reducir costos operativos. Sin embargo, los sindicatos y especialistas alertan sobre el impacto negativo en el empleo y la soberanía nacional, marcando un escenario de tensión que promete extenderse en los próximos meses.