El presidente Javier Milei implementó por decreto una reforma integral de la Policía Federal Argentina (PFA), que habilita a la fuerza a realizar detenciones y tareas de espionaje sin orden judicial, así como a efectuar ciberpatrullaje en espacios digitales abiertos. La medida, inspirada en los modelos de Estados Unidos e Israel, fue anunciada junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y busca reconvertir la PFA en una fuerza orientada a la investigación de delitos federales complejos, como el narcotráfico y el crimen organizado.

El decreto 383/2025 redefine el perfil de la PFA, crea el Departamento Federal de Investigaciones y otorga a la policía la facultad de detener personas por hasta diez horas sin autorización judicial, siempre que existan "circunstancias debidamente fundadas" y la identidad del detenido no pueda ser acreditada. Además, permite requisas personales y de vehículos sin orden judicial en casos de presunción de delito o peligro de desaparición de pruebas. También habilita tareas de prevención del delito en redes sociales y sitios web públicos, sin necesidad de autorización judicial.

La reforma fue implementada sin debate parlamentario, bajo el amparo de las facultades delegadas por la Ley Bases, lo que generó un inmediato rechazo de la oposición y de organismos de derechos humanos. Diputados del bloque Democracia para Siempre presentaron un proyecto para derogar el decreto, argumentando que excede las facultades conferidas al Ejecutivo y vulnera garantías constitucionales como el debido proceso y la protección de datos personales. Organizaciones como Amnistía Internacional y el CELS advirtieron sobre los riesgos de vigilancia masiva, perfilamiento discriminatorio y criminalización de la protesta social.

El Gobierno defendió la legalidad de la medida y sostuvo que cualquier objeción debe ser resuelta en la Justicia. En paralelo, se presentaron recursos judiciales para declarar la inconstitucionalidad del decreto, que ahora deberá ser evaluada por el juez Pablo Cayssials. El debate sobre la reforma de la PFA se inscribe en una larga historia de intentos fallidos de modernización de la fuerza y en el contexto de una política de seguridad de "mano dura" impulsada por la actual gestión. Las consecuencias de la reforma y su impacto en los derechos y garantías constitucionales serán objeto de análisis y discusión en los próximos meses.