Desde el 1° de mayo de 2026, los usuarios de gas en Argentina enfrentan un nuevo aumento en sus facturas, tras la aprobación de los cuadros tarifarios por parte del Gobierno nacional. La medida, oficializada mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, afecta tanto a usuarios residenciales como comerciales en todo el país y se enmarca en la política de actualización tarifaria y reducción de subsidios energéticos.

El ajuste, que promedia un 5,6% a nivel nacional, varía según la región y la categoría de usuario. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los cargos fijos mensuales para usuarios residenciales sin subsidios oscilan entre $3.976,22 y $94.995,74, dependiendo del nivel de consumo. En Bahía Blanca y el sudoeste bonaerense, el cargo fijo para la categoría más baja (R1) es de $5.289,52, con descuentos aplicables por Zona Desfavorable que pueden reducir el monto hasta un 50%.

La nueva estructura tarifaria incorpora el Precio Anual Uniforme (PAU), un valor calculado en dólares estadounidenses por millón de BTU y convertido al tipo de cambio oficial, que busca unificar el costo del gas en todo el sistema de transporte y distribución. Además, se mantiene el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que otorga bonificaciones automáticas a los hogares vulnerables, mientras que el resto de los usuarios afrontará la tarifa plena.

El esquema aprobado también contempla la revisión quinquenal de tarifas y el reconocimiento de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), un mecanismo que ajusta las tarifas en función de las diferencias entre precios estimados y reales del gas adquirido y vendido por las distribuidoras. Según el Ministerio de Economía, la actualización tarifaria es "razonable y prudente" y responde a la necesidad de reflejar los costos reales del sistema y garantizar la seguridad de abastecimiento.

La medida se implementa en el inicio de la temporada invernal, cuando el consumo de gas aumenta considerablemente, lo que genera preocupación entre los usuarios por el impacto en el poder adquisitivo. El Gobierno, por su parte, sostiene que el ajuste es necesario para equilibrar la sustentabilidad económica del sistema y reducir el gasto estatal en subsidios, en un contexto de emergencia energética que se extenderá hasta 2027.