La Justicia argentina ha intensificado los controles migratorios sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras la confirmación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada por la Corte Suprema en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2, encargado de ejecutar la sentencia, solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones reforzar las medidas para evitar que la exmandataria abandone el país, especialmente hacia destinos sin tratado de extradición como Cuba, según informaron fuentes judiciales.

El tribunal, presidido por el juez Jorge Gorini, rechazó el pedido de la defensa de CFK para suspender la ejecución de la condena hasta que se resuelva su solicitud de prisión domiciliaria. Cristina Kirchner, de 72 años, pidió cumplir la pena en su departamento del barrio Constitución, argumentando razones de edad y seguridad personal, y citando el intento de magnicidio sufrido en 2022. La defensa también señaló que la exmandataria cuenta con custodia obligatoria por haber sido presidenta.

El tribunal dispuso un informe socioambiental sobre el domicilio propuesto y otorgó tres días al fiscal Diego Luciani para emitir su opinión. Además, se estableció un plazo de cinco días hábiles para que los nueve condenados en la causa, incluida CFK, se presenten en Comodoro Py para su detención. Si no lo hacen, se ordenará la detención inmediata.

La Cámara Nacional Electoral fue notificada de la inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos. Otros condenados, como Lázaro Báez y José López, también solicitaron prisión domiciliaria por razones de edad o salud.

El caso se desarrolla en un contexto de alta tensión política, con movilizaciones del Partido Justicialista en apoyo a la exmandataria y debates sobre la legitimidad del proceso judicial. La defensa de CFK evalúa recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, alegando hostigamiento y amenazas a sus derechos.

Mientras tanto, el gobierno y la Justicia buscan evitar cualquier intento de fuga, recordando antecedentes de imputados que viajaron a países sin extradición. La situación de Cristina Kirchner sigue generando repercusiones políticas y sociales, en un año electoral clave para el país.