La reestructuración de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) ha puesto en jaque a dos hoteles históricos de Mar del Plata, Tierra del Fuego y Antártida, cuyos 180 empleados temen por la continuidad de sus puestos de trabajo. El proceso, oficializado por el DNU 88/2026, implica el traspaso de 44 inmuebles, entre hoteles y oficinas, al Ministerio de Defensa y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en el marco de la creación de dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

El Gobierno asegura que los inmuebles no serán vendidos para saldar la deuda de más de $200.000 millones que arrastra la ex IOSFA, sino que permanecerán bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Sin embargo, la falta de definiciones concretas sobre el destino de los hoteles y otros activos ha generado preocupación entre los trabajadores y sindicatos, que temen despidos y pérdida de derechos laborales. “La nueva obra social tomó la decisión de no hacerse cargo de los hoteles”, afirmó Diego Lencinas, representante gremial, quien denunció una reducción de personal de 340 a 180 empleados en los últimos dos años.

El 31 de marzo vencen los contratos de 80 trabajadores temporarios, mientras que el resto del personal permanece a la espera de una resolución. Sindicatos como ATE y CTA han realizado protestas y asambleas para exigir la continuidad laboral y mayor transparencia en el proceso. Desde el Ministerio de Defensa, en tanto, se sostiene que el traspaso de los inmuebles es una cuestión jurídica y que la prioridad es garantizar la cobertura de salud de los afiliados.

La crisis de IOSFA, marcada por denuncias de vaciamiento y caída de prestaciones, afectó a unos 600.000 afiliados en todo el país. El futuro de los hoteles y otros activos será definido por el directorio de la nueva OSFA, que analizará alternativas para optimizar su funcionamiento y asegurar su uso institucional. Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los trabajadores y beneficiarios, a la espera de definiciones oficiales que permitan clarificar el panorama y evitar el cierre de establecimientos clave para la comunidad militar y sus familias.