El debate por la reforma previsional en Entre Ríos se intensificó en las últimas semanas, tras la presentación de un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo provincial que busca modificar el sistema de jubilaciones. La iniciativa, que declara la emergencia previsional hasta 2027, propone elevar la edad jubilatoria, modificar el cálculo del haber inicial y la movilidad, y otorgar amplias facultades al Ejecutivo para garantizar la sustentabilidad del sistema.

El déficit de la Caja de Jubilaciones, que ronda los 45.000 millones de pesos mensuales, es uno de los principales argumentos del oficialismo para avanzar con la reforma. El senador Jaime Benedetti advirtió que este déficit equivale a la totalidad de la renta agrícola de la provincia y compromete recursos esenciales del Estado, como salud, educación y seguridad. "No se trata de perjudicar a nadie ni de desconocer derechos adquiridos. Se trata de encontrar una solución sostenible que fortalezca la Caja de Jubilaciones y resguarde el interés de todos los entrerrianos", afirmó Benedetti.

Sin embargo, la propuesta oficial enfrenta un fuerte rechazo de gremios como la Asociación del Personal Superior Municipal (APS) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que consideran que la reforma implica un ajuste sobre trabajadores y jubilados. Alejandra Levrand, secretaria general de APS, sostuvo que "la iniciativa genera incertidumbre y afecta el poder adquisitivo de los pasivos", mientras que Edgardo Carrere, secretario de Organización, cuestionó los cambios en el cálculo del 82% móvil y la desvinculación de los haberes jubilatorios de las paritarias sectoriales.

En paralelo, dos intendentes presentaron un proyecto alternativo que propone escalas intermedias de edad y años de servicio, así como aportes extraordinarios para funcionarios políticos. Esta iniciativa busca equilibrar la necesidad de sostenibilidad con la protección de derechos adquiridos.

Analistas y medios locales advierten que la falta de consenso y el escaso debate público podrían agravar las tensiones sociales. Se subraya la importancia de un diálogo amplio y la búsqueda de acuerdos para evitar conflictos y judicializaciones. El futuro de la reforma previsional en Entre Ríos sigue abierto, en un contexto de presión fiscal y demandas de equidad social.