La Cancillería argentina adjudicó un contrato por más de 114 millones de pesos a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para la capacitación en inglés de su personal diplomático y administrativo. La particularidad del caso radica en que la directora ejecutiva de la AACI es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lo que desató una fuerte polémica por posible conflicto de intereses.

El contrato, que abarca cursos y talleres para 132 agentes entre marzo y noviembre de 2026, fue tramitado bajo la modalidad de Adjudicación Simple por Especialidad. Según fuentes oficiales, la AACI es la única entidad capaz de garantizar la continuidad del programa de capacitación. El proceso incluyó la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), quienes avalaron la operación tras la firma de un Pacto de Integridad, un mecanismo formal para prevenir actos de corrupción y sobornos.

El canciller Pablo Quirno defendió la legalidad del procedimiento a través de redes sociales, asegurando que "no hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario" y que la Cancillería contrata a la AACI desde 2018. Quirno explicó que, al detectarse el vínculo familiar, se activó el protocolo de integridad previsto por la normativa vigente.

Sin embargo, la oposición y sectores críticos denunciaron nepotismo y falta de transparencia. La senadora Juliana Di Tullio calificó el contrato como "un choreo de acá a Júpiter" y prometió realizar una denuncia formal. Además, se señaló que en una contratación similar de 2024 no se había publicado el pacto de integridad, lo que generó dudas sobre la uniformidad de los controles.

El caso se produce en un contexto de fuerte discurso anticorrupción por parte del Gobierno de La Libertad Avanza, lo que incrementa el escrutinio sobre las contrataciones estatales que involucran a familiares de altos funcionarios. Hasta el momento, ni Sturzenegger ni Rouillet han realizado declaraciones públicas sobre el tema. El debate continúa abierto y se esperan nuevas repercusiones políticas y legales en los próximos días.