El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 25 de la Capital Federal condenó a Zumilda Salomé Gonzáles Muñoz, una empleada doméstica de 71 años, a tres años de prisión en suspenso por su participación en un robo bajo la modalidad conocida como "cuento del tío". El hecho ocurrió el 7 de enero de 2021 en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, mientras los empleadores de la acusada se encontraban en otra propiedad en el partido bonaerense de Tigre.

Según la sentencia, Gonzáles Muñoz aprovechó su vínculo laboral y de confianza con el matrimonio compuesto por Jorge V. y María L. para ejecutar el delito. La maniobra incluyó un engaño telefónico en el que una mujer, haciéndose pasar por la hija del empleador, le indicó que personal de la entonces AFIP estaba por allanar la propiedad. Siguiendo las instrucciones, la acusada desamuró una caja fuerte incrustada en el vestidor del departamento y la entregó en la vía pública a un hombre que esperaba en las inmediaciones.

En el interior de la caja fuerte se encontraban pasaportes argentinos y estadounidenses, escrituras de una propiedad, $150,000 y USD 70,000 en efectivo, además de objetos de lujo como un reloj valuado en USD 2,000. Ninguno de estos elementos fue recuperado, según el fallo del juez Hugo Daniel Navarro, quien calificó el caso como un "plan delictivo" ejecutado mediante una narrativa engañosa.

El tribunal valoró las pruebas incorporadas durante la instrucción penal, incluyendo declaraciones de los damnificados, registros de llamadas, análisis de cámaras de seguridad y registros de viajes de la tarjeta SUBE. Además, se tuvo en cuenta que la acusada reconoció su participación en el robo mediante su consentimiento al juicio abreviado.

Si bien la fiscalía había solicitado una condena de tres años y ocho meses de prisión, el tribunal optó por una pena menor debido a factores personales de la acusada, como su edad avanzada, problemas de salud y la ausencia de antecedentes penales. "Se trata de una persona de avanzada edad, con hábitos laborales y estudios terciarios completos, que posee patologías cardíacas", explicó el juez.

La condena incluye la obligación de fijar residencia y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Por otro lado, el tribunal rechazó el pedido de reparación económica solicitado por la parte querellante, que había reclamado una compensación de ocho millones de pesos. Según el juez, para que este planteo prosperara, el damnificado debía haberse constituido formalmente como actor civil, tal como lo exige el Código Procesal Penal de la Nación.

El caso pone de relieve la vulnerabilidad de las víctimas ante modalidades delictivas basadas en engaños y la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención y control para evitar este tipo de delitos en el futuro.