El doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba ha sacudido a la sociedad argentina y reabierto el debate sobre la violencia de género y la respuesta estatal. El principal acusado, Pablo Laurta, de 39 años, fundador de la agrupación "Varones Unidos", es señalado por su discurso antigénero y negacionista de la violencia contra las mujeres. El crimen ocurrió el 11 de octubre, cuando Laurta asesinó a su expareja y a su exsuegra, secuestrando luego a su hijo de cinco años.

Según las investigaciones, Laurta tenía antecedentes de violencia y había sido denunciado por Luna en 2023. A pesar de una orden de restricción y un mes de prisión por violarla, fue liberado poco antes del crimen. Tras los asesinatos, huyó con su hijo, presuntamente asesinó a un remisero para facilitar su fuga y fue finalmente detenido en Gualeguaychú, Entre Ríos. Durante su huida, utilizó varios vehículos y cambió de chip en sus celulares para evitar ser rastreado.

El caso ha puesto en evidencia la insuficiencia de las medidas de protección judicial y la falta de políticas públicas efectivas para prevenir la violencia de género. Organizaciones como La Casa del Encuentro contabilizan al menos ocho femicidios en solo cinco días en el país, lo que subraya la gravedad del problema. Además, el contexto político actual, marcado por el desmantelamiento de programas de protección y discursos que minimizan la violencia de género, ha sido duramente criticado por referentes feministas y especialistas.

El discurso de Laurta y su grupo, "Varones Unidos", promovía la idea de que las denuncias de violencia de género son mayoritariamente falsas, una narrativa desmentida por estudios y estadísticas. Este enfoque, según analistas, contribuye a la estigmatización de las víctimas y al aumento de la impunidad.

Familiares de las víctimas, organizaciones sociales y sectores de la sociedad civil han reclamado justicia y la implementación de políticas integrales que garanticen la protección de las mujeres. El caso es considerado emblemático del impacto de la ideología misógina y la falta de respuesta estatal, y ha reavivado el reclamo por el fin de la violencia de género en Argentina.