Leandro Ginóbili, presidente del Club Bahiense del Norte y hermano del exbasquetbolista Emanuel Ginóbili, fue imputado por la Justicia de Bahía Blanca en la causa que investiga el derrumbe de la estructura del club durante el temporal del 16 de diciembre de 2023. El colapso, ocurrido en pleno festival de patín artístico, dejó un saldo de 13 muertos y decenas de heridos, marcando uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de la ciudad.

La investigación, encabezada por el fiscal Cristian Aguilar, sostiene que Ginóbili, en su rol de presidente, omitió suspender el evento pese a la existencia de dos alertas meteorológicas de nivel naranja emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional y el municipio. Además, el club no contaba con habilitación municipal vigente, lo que prohibía la realización de actividades con público. "La conducta imprudente del imputado generó un peligro común que ocasionó la muerte de 13 personas, lesiones en otras y puso en riesgo la vida de todos los presentes", señala el dictamen fiscal.

Junto a Ginóbili, fueron imputados Laura Fabiana Soberón, exfuncionaria del área de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca, acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y el ingeniero Pablo Ascolani, responsable de informes técnicos sobre la estructura del club en años previos. Las indagatorias están previstas para diciembre y noviembre respectivamente.

El temporal que azotó Bahía Blanca incluyó ráfagas de viento de más de 140 kilómetros por hora, provocando la destrucción de barrios, caída de árboles y postes, daños en escuelas y viviendas, y la evacuación de cientos de personas. La tragedia del club Bahiense del Norte se convirtió en el símbolo de la catástrofe, movilizando a autoridades nacionales y locales, y generando un profundo debate sobre la responsabilidad institucional y los controles municipales.

La causa judicial busca determinar si hubo negligencia en la organización del evento y omisiones en los controles que podrían haber evitado la tragedia. Familiares de las víctimas y abogados han señalado deficiencias estructurales en el edificio y una cadena de decisiones que, según la fiscalía, configuraría responsabilidades compartidas entre directivos, funcionarios y profesionales. El caso sigue abierto y se espera que las próximas declaraciones aporten mayor claridad sobre los hechos y las posibles sanciones.