El Gobierno nacional presentó ante el Congreso un proyecto de reforma laboral que incluye la derogación de impuestos específicos que actualmente financian al cine, el teatro, los medios públicos y otras iniciativas culturales. De aprobarse, la medida modificaría de manera sustancial el funcionamiento de organismos como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional del Teatro y Radio y Televisión Argentina.

Según el texto enviado al Poder Legislativo, el artículo 195 del proyecto ordena la eliminación de los impuestos que sostienen el Fondo de Fomento Cinematográfico, mientras que el artículo 196 deroga los gravámenes que financian la TV Pública, Radio Nacional, el Instituto Nacional del Teatro y el Instituto Nacional de la Música. Hasta ahora, estos fondos se nutrían de impuestos a las entradas de cine, la venta de DVDs y gravámenes a la facturación de radios y canales de televisión.

La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei y varios ministros, ha generado una fuerte reacción en el sector cultural y entre los sindicatos de prensa. Organizaciones como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) han calificado la reforma como una "regresión de un siglo" en materia de derechos laborales y de prensa. "Estas normas, sancionadas hace 80 años, son la base de nuestros derechos y la primera línea de defensa para garantizar la estabilidad de nuestro trabajo", señalaron en un comunicado conjunto.

El Gobierno sostiene que la reforma busca modernizar el sistema laboral y fiscal, pero los sectores afectados advierten que la eliminación de estos fondos pone en riesgo la pluralidad informativa y la libertad de expresión. Además, anticipan campañas parlamentarias, judiciales y gremiales para intentar frenar la iniciativa.

El debate se produce en un contexto de ajuste fiscal y tras modificaciones previas a propuestas culturales, realizadas en enero ante la presión de los sectores involucrados. El futuro de los organismos estatales de promoción cultural y de los derechos laborales en el sector de prensa dependerá ahora del tratamiento legislativo y de las eventuales acciones judiciales que puedan surgir.