El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó al Poder Ejecutivo la emisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilite a los fiscales nacionales a intervenir ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires. Esta petición responde al vacío legal generado por el fallo "Levinas" de la Corte Suprema, que estableció al TSJ porteño como tribunal de alzada para causas nacionales con sede en la Capital Federal.

Durante su exposición ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público en el Congreso, Casal explicó que la situación es "urgente" y afecta tanto a causas civiles como penales. "Estamos pidiendo al Ejecutivo que, vía un DNU, nos habilite a intervenir ante el TSJ respecto de las causas en las que intervenimos en la Justicia Nacional, hasta tanto se complete la transferencia total de las competencias en materia de justicia ordinaria", afirmó Casal. El procurador detalló que ya solicitó en dos ocasiones a la Corte Suprema la suspensión de la jurisprudencia, pero ambas fueron rechazadas.

El conflicto se agravó tras la aprobación de la reforma laboral, cuyo artículo 90 ratificó el convenio de traspaso de competencias, eliminando el argumento de que el fallo no era aplicable cuando intervenía el Ministerio Público. Casal ilustró la urgencia con un caso concreto: un fiscal debió recurrir una resolución liberatoria en un caso de femicidio y se encontró ante la disyuntiva de cuál vía procesal utilizar.

El Ministerio Público Fiscal advirtió que, por ahora, los fiscales nacionales presentan recursos de inconstitucionalidad local, pero la falta de una solución normativa podría comprometer su intervención ante el TSJ. "Nosotros como fiscales nacionales no estamos habilitados para intervenir en un tribunal local ni superior de cualquiera de las provincias", subrayó Casal.

Además del conflicto de competencias, Casal y sus colaboradores alertaron sobre la reducción del 47% en el presupuesto del organismo en los últimos dos años, lo que dificulta la administración de justicia y la implementación del sistema acusatorio. El secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima, destacó la necesidad de más recursos humanos y tecnológicos para afrontar los nuevos desafíos.

El pedido de Casal se produce en un contexto de tensiones políticas por la continuidad en su cargo y la posible designación de un nuevo procurador. Mientras tanto, la falta de una solución normativa mantiene en vilo a fiscales, defensores y abogados, y genera preocupación en el ámbito judicial sobre la correcta administración de justicia en la Ciudad de Buenos Aires.