El gobierno de Javier Milei implementó recientemente la Oficina de Respuesta Oficial, un organismo estatal creado para desmentir lo que el Ejecutivo considera "fake news" en los medios y redes sociales. Sin embargo, la primera intervención pública de la oficina generó controversia, luego de que utilizara datos imprecisos para refutar a la periodista María O’Donnell en el marco del debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal.

La oficina, dirigida por Juan Carreira, respondió a O’Donnell a través de la red social X, calificando de "falso" su planteo respecto a que bajar la edad de imputabilidad a 13 años ubicaría a la Argentina entre los países con la edad más baja del mundo. Como argumento, citaron el caso de Uruguay, donde supuestamente los menores pueden ser juzgados desde los 13 años. Sin embargo, especialistas y periodistas señalaron que en Uruguay los adolescentes son procesados bajo un régimen especial y no con el Código Penal de adultos, y que el intento de modificar la legislación para equiparar a menores y adultos fracasó en 2014.

La creación de la oficina se produce en un contexto de tensión entre el gobierno y la prensa, tras la crisis en el Indec y la salida de Marco Lavagna. Entidades periodísticas como ADEPA manifestaron su rechazo, calificando la medida como una forma de intimidación. Además, la iniciativa generó incomodidad entre algunos aliados del oficialismo, quienes en el pasado criticaron mecanismos similares implementados durante el kirchnerismo.

El episodio reavivó el debate sobre la relación entre el poder político y los medios, así como sobre la transparencia y precisión en la comunicación oficial. Mientras el oficialismo defiende la oficina como una herramienta para combatir la desinformación, críticos advierten sobre los riesgos de control y censura en la esfera pública. El futuro de la Oficina de Respuesta Oficial y su impacto en la libertad de expresión continúan siendo motivo de discusión en la sociedad argentina.