La investigación judicial sobre el presunto contrabando en un vuelo privado vinculado al exagente de inteligencia Leonardo Scatturice y su colaboradora Laura Belén Arrieta permanece estancada a un año de su inicio. El caso, que involucra el ingreso de quince bultos sin controles aduaneros a través de Aeroparque, enfrenta serias dificultades técnicas y la falta de cooperación internacional, según reconstruyó LA NACION.

El vuelo en cuestión, un Bombardier Global 5000 proveniente de Miami, aterrizó el 26 de febrero de 2025. Sin embargo, la denuncia formal se realizó recién el 17 de marzo, lo que resultó en la pérdida de evidencia clave, como los registros de los escáneres aduaneros. La fiscalía determinó que el equipaje no fue sometido a control por decisión expresa del personal aduanero, descartando causas operativas o aleatorias.

Durante la investigación, se detectaron seis inconsistencias graves, entre ellas la omisión de controles, la falta de trazabilidad del equipaje y deficiencias en los registros migratorios. Además, las cámaras de seguridad mostraron movimientos sospechosos y manipulación de encuadres en momentos críticos, dificultando la reconstrucción de los hechos.

El gobierno, en un primer momento, negó cualquier irregularidad. El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que todo el equipaje fue revisado, pero tras el dictamen fiscal, el presidente Javier Milei responsabilizó al personal aduanero, calificando la situación como "absolutamente convencional". La aduanera Cintia Vanesa Cali, identificada como quien autorizó el paso del equipaje por el "canal verde", sigue bajo investigación judicial.

Parte del equipaje ingresó al país, mientras que dos bultos declarados como "en tránsito" permanecieron en la aeronave, conforme a la normativa vigente. El caso involucra también a la empresa Royal Class, recordada por el escándalo Antonini Wilson, y a figuras cercanas al gobierno, como Scatturice, actual accionista de Flybondi y asesor en temas de seguridad.

La causa, a cargo del juez Pablo Yadarola y el fiscal Claudio Navas Rial, espera una respuesta de las autoridades aduaneras de Estados Unidos para determinar si los bultos fueron revisados antes de salir de Miami. "Hasta hoy no se puede probar que estemos ante una maniobra de contrabando, pero tampoco podemos descartarlo de manera definitiva", señalaron fuentes judiciales. El avance de la investigación depende ahora de la colaboración internacional y de la posibilidad de obtener pruebas adicionales que permitan esclarecer los hechos.