El proceso de ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea ha generado intensos debates en Argentina y la región. El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, busca aprobar el tratado en una sesión parlamentaria acelerada, con el objetivo de posicionar al país como el primer miembro del bloque en ratificarlo y así obtener ventajas comerciales frente a sus socios.

La iniciativa oficialista ha generado malestar en sectores de la oposición, que critican la rapidez del proceso y advierten sobre posibles consecuencias negativas para la economía nacional. Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, expresó: "Un acuerdo con más de 20 años de negociaciones lo quieren aprobar en apenas cuatro días hábiles". Por su parte, Juan Grabois fue categórico al rechazar el acuerdo, argumentando que "no le sirve a la Argentina" y que favorece intereses extranjeros.

Mientras tanto, Uruguay ha remitido el acuerdo a su Parlamento y creado una comisión especial para tratar el tema, con la intención de concluir el proceso antes de marzo. El canciller uruguayo Mario Lubetkin destacó la importancia de un tratamiento "profundo, rápido y eficiente", subrayando el impacto económico inmediato para sectores como el arrocero, que dejaría de pagar 70 millones de dólares anuales en aranceles.

En el ámbito internacional, el Parlamento Europeo ha aprobado medidas de salvaguarda para proteger la agricultura comunitaria, permitiendo la activación de mecanismos ante aumentos de importaciones o bajas de precios. El sector agropecuario brasileño, representado por la Confederacao da Agricultura e Pecuaria do Brasil (CNA), advierte sobre la dificultad de ejecutar el acuerdo debido a la oposición del lobby agrícola europeo y la aplicación de exigencias ambientales y salvaguardias.

El acuerdo, negociado durante más de dos décadas, representa una oportunidad estratégica para ampliar mercados y atraer inversiones, pero enfrenta desafíos tanto en la región como en Europa. El debate en Argentina refleja la diversidad de posturas, con propuestas para evaluar el impacto de manera integral y plural, y la expectativa de que la ratificación pueda marcar un nuevo rumbo en la política exterior y comercial del país.