La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral en caso de que sea aprobada en el Congreso, en respuesta a la reciente media sanción obtenida por el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei. La central sindical argumenta que la reforma vulnera principios constitucionales como la no regresividad de los derechos laborales y la protección al trabajo, y cuestiona la transferencia de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

El paro nacional convocado por la CGT contó con una alta adhesión de los gremios del transporte, lo que garantizó su impacto en todo el país. Sin embargo, el Gobierno minimizó el alcance de la medida y destacó la ausencia de una movilización masiva, atribuyéndolo a la falta de capacidad de convocatoria de la central obrera. Desde la Secretaría de Trabajo, se anunció la aplicación de multas económicas a los gremios de trenes y colectivos que incumplieron la conciliación obligatoria vigente, descartando por el momento la quita de personería gremial.

En el seno del sindicalismo, la jornada de protesta evidenció tensiones y divisiones. Mientras la conducción de la CGT evalúa los próximos pasos y se enfoca en la vía judicial, sectores más combativos, como el Frente de Sindicatos Unidos y la Federación Aceitera, reclaman profundizar el plan de lucha con un paro de 36 horas y movilización al Congreso. "No estamos dispuestos a entregar ninguna conquista", advirtió Cristian Jerónimo, miembro del triunvirato de la CGT, mientras que Daniel Yofra, de la Federación Aceitera, llamó a no depender de la política y a empoderar al sindicalismo.

El contexto económico y social agrega presión al conflicto. El cierre de empresas y la caída del empleo registrado, junto con la apertura económica y el ajuste fiscal, generan preocupación en amplios sectores. Encuestas recientes muestran un apoyo mayoritario al paro, aunque también reflejan una sociedad dividida respecto a la reforma laboral y la representatividad sindical.

El desenlace del debate en el Senado y la respuesta de la Justicia serán determinantes para el futuro de la reforma y el rol del sindicalismo en la Argentina. Mientras tanto, el gobierno mantiene su agenda de cambios y advierte que sancionará cualquier incumplimiento de la ley, en un escenario de creciente polarización y movilización social.