La relación entre el Gobierno nacional y las provincias argentinas atraviesa uno de sus momentos más tensos tras el fracaso de las últimas negociaciones por la redistribución de fondos. En una serie de reuniones recientes, los gobernadores de las 24 jurisdicciones del país rechazaron la oferta presentada por el Ejecutivo y decidieron avanzar con un proyecto de ley propio que busca modificar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles.

El conflicto se originó a raíz de la caída de la recaudación en las provincias, atribuida por los mandatarios locales a las políticas económicas implementadas por la administración de Javier Milei. Ante este escenario, los gobernadores reclamaron una mayor coparticipación de fondos para compensar el déficit en sus territorios. Sin embargo, la propuesta del Gobierno nacional se limitó a coparticipar únicamente los ingresos provenientes del impuesto a los combustibles, excluyendo cualquier modificación en el sistema de entrega de los ATN, lo que generó malestar entre los representantes provinciales.

En respuesta, los gobernadores presentaron un proyecto de ley que propone eliminar los fondos fiduciarios y actualizar el régimen de reparto automático tanto de los ATN como de los recursos provenientes de los combustibles. Según fuentes cercanas a las negociaciones, la iniciativa permitiría que las provincias reciban el 58,36% de lo recaudado por el gravamen a los combustibles y obligaría al Ejecutivo a distribuir automáticamente los aportes del Tesoro.

El Gobierno, por su parte, argumenta que la propuesta de las provincias es "inviable" por su impacto en el equilibrio fiscal y condiciona la transferencia de fondos a que las jurisdicciones asuman la finalización de obras públicas inconclusas. Esta postura fue ratificada por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, durante la última reunión en el Palacio de Hacienda.

El conflicto también ha generado reacciones en el ámbito sindical. Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, cuestionó la iniciativa de los gobernadores por afectar recursos laborales y advirtió sobre el impacto social de los cambios propuestos.

Mientras tanto, el escenario político se complica de cara a las próximas sesiones en el Congreso, donde los gobernadores buscarán impulsar su proyecto de ley. Aunque no se espera una acción coordinada entre todas las provincias, la presión sobre el Ejecutivo aumenta en un contexto de definiciones electorales y negociaciones clave para la gobernabilidad.