Un megaoperativo sin precedentes se desplegó este miércoles en la provincia de Buenos Aires, donde fuerzas policiales y judiciales realizaron 121 allanamientos simultáneos en 76 localidades para combatir la ciberpedofilia, el grooming y el abuso sexual infantil. La acción, denominada “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”, fue coordinada por la Procuración General bonaerense y contó con la participación de fiscales especializados y fuerzas de seguridad provinciales, federales y de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo permitió identificar a 111 personas, de las cuales 106 son hombres y cinco mujeres, con edades comprendidas entre los 15 y los 75 años. Entre los investigados se detectaron dos menores de edad implicados en la distribución de material de abuso sexual infantil. Además, se identificó a 37 menores que convivían con los sospechosos y a cuatro posibles víctimas directas de abuso.

Durante los procedimientos, se incautaron 165 teléfonos celulares, 160 dispositivos de almacenamiento digital, 80 computadoras y dos armas de fuego. Se realizaron análisis preliminares sobre los dispositivos electrónicos para asegurar la preservación de pruebas. En algunos casos, como en Mar del Plata, se imputó a cinco personas, entre ellas un expolicía exonerado. En Tandil y la región, siete allanamientos se originaron a partir de reportes de plataformas digitales como Google Photos y Drive.

El operativo también incluyó allanamientos en una unidad carcelaria donde se encontraban presos por delitos de abuso sexual. Las autoridades destacaron la colaboración entre distintas fuerzas y la importancia de actuar de manera simultánea para evitar el borrado de pruebas y desmantelar las redes desde la periferia hasta las grandes ciudades.

La investigación, que se inició por reportes de plataformas digitales y seguimientos previos, busca desarticular redes de producción, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil, así como casos de grooming. Desde la Fiscalía General se remarcó que la protección de la infancia es una prioridad institucional y que el análisis del material secuestrado podría llevar semanas, abriendo la posibilidad de nuevas imputaciones y ampliaciones de la causa.