El Gobierno nacional dictó este martes la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que enfrenta a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), dejando sin efecto el paro de colectivos anunciado para este miércoles en todo el país. La medida, que regirá por 15 días a partir de las 0:00 del 11 de febrero, fue comunicada oficialmente por la Secretaría de Trabajo y busca garantizar la normalidad del servicio de transporte mientras continúan las negociaciones paritarias.

En ciudades como Rosario, Córdoba y Salta, la UTA acató la disposición y confirmó que el servicio de colectivos funcionará con normalidad. En Rosario, la delegación local del gremio llegó a un acuerdo con la Municipalidad para replicar el aumento salarial logrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), asegurando así la continuidad del servicio.

El conflicto se originó por el reclamo de la UTA de equiparar los salarios del interior del país con los del AMBA, tras un acuerdo paritario alcanzado en esa región con el apoyo del Tesoro Nacional. Sin embargo, representantes de FATAP advirtieron sobre la difícil situación financiera de las empresas del interior, la caída de pasajeros y la necesidad de un mayor respaldo económico por parte de las provincias y la Nación. "Las provincias nos dicen que no tienen más fondos, que han recibido menos de coparticipación, que están complicados económicamente", señaló Gerardo Ingaramo, dirigente de FATAP.

Pablo Farías, secretario general adjunto de la UTA Córdoba, afirmó: "Tenemos un reclamo justo y no vamos a salir de lo legal". Por su parte, Ingaramo advirtió que "las tarifas están en un techo; si aumentamos más, los pasajeros se bajan, viajan en otros sistemas alternativos".

La resolución oficial intimó a la UTA a dejar sin efecto cualquier medida de fuerza y a las empresas a no tomar represalias contra los trabajadores durante el período de conciliación. Ambas partes fueron convocadas a una audiencia virtual el 19 de febrero para evaluar el avance de las negociaciones. El objetivo primordial de la medida, según el Gobierno, es garantizar la paz social y proteger el interés general de la comunidad mientras se busca una solución al conflicto salarial.

El sector del transporte en el interior del país enfrenta una crisis marcada por la pérdida de empresas y empleos, y la incertidumbre sobre el financiamiento futuro. El desenlace de las negociaciones será clave para definir la estabilidad del servicio en las próximas semanas.