Un caso de abuso sexual infantil ha sacudido a la ciudad de Dolores, donde tres hombres, entre ellos un docente y un inspector escolar, fueron detenidos tras ser acusados de abusar sexualmente de un adolescente de 14 años. El menor, que fue contactado a través de la aplicación Grindr, terminó hospitalizado en La Plata con síntomas graves, y los médicos confirmaron que había sido contagiado de VIH y sífilis.

Según la investigación, Cristian Leonardo Guevara, profesor de una escuela secundaria, fue quien primero contactó al menor, a sabiendas de su edad. Tras intercambiar imágenes íntimas, lo invitó a su casa, donde ocurrió el primer abuso. Posteriormente, Guevara compartió los datos del adolescente con su pareja, Jorge Luis Santander, y con Pablo Walter Chiavola, inspector escolar, quienes también abusaron del menor en diferentes momentos y lugares.

La denuncia no fue inmediata. Solo cuando el adolescente fue internado de urgencia y se confirmó el diagnóstico de VIH y sífilis, la familia acudió a la justicia. Los allanamientos realizados en las viviendas de los acusados revelaron que, pese a tener preservativos, no los utilizaron durante los abusos. La fiscal Mónica Ferré, a cargo de la UFI N°1 de Dolores, imputó a los tres hombres por abuso sexual con acceso carnal agravado, corrupción de menores agravada y facilitamiento del acceso a material pornográfico. Además, Guevara ya tenía antecedentes por grooming en Villa Gesell.

La fiscal destacó la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga, subrayando que los acusados "abusaron de su condición para someter y silenciar al niño". El abogado de la familia, César Sivo, remarcó el profundo daño físico y mental sufrido por la víctima y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para menores en entornos digitales y educativos.

La comunidad de Dolores se encuentra conmocionada y exige justicia, mientras el sistema judicial avanza en la investigación para evitar que crímenes de esta naturaleza queden impunes. El caso pone en evidencia la urgencia de fortalecer la protección de menores y la responsabilidad de los adultos en ámbitos educativos y digitales.