La recaudación nacional en Argentina registró en el primer bimestre de 2026 su peor desempeño en 13 años, con una caída real interanual de entre 8% y 10%, según informes de consultoras y organismos fiscales. Este descenso afecta de manera directa a las provincias, que dependen en gran medida de los fondos coparticipables para sostener salarios, servicios y obra pública.

En Jujuy, la tensión social se manifestó en protestas de policías y docentes, quienes reclamaron aumentos salariales ante la pérdida de poder adquisitivo. El gobierno provincial alcanzó un principio de acuerdo con las fuerzas de seguridad, pero el resto de los gremios estatales exige condiciones similares, en un contexto de sospechas sobre aumentos diferenciados. "Con 800 mil pesos no puede vivir nadie en este momento. La canasta básica ya está casi llegando al millón y medio", afirmó Mercedes Sosa, secretaria general del gremio docente CEDEMS.

El impacto de la caída recaudatoria se replica en otras provincias como Córdoba, Buenos Aires y Tierra del Fuego, donde los recursos transferidos por la Nación muestran retrocesos significativos al descontar la inflación. En Tierra del Fuego, por ejemplo, la recaudación nacional de impuestos vinculados al consumo, principal motor de la coparticipación, continúa en descenso, obligando al gobierno local a analizar recortes de gastos.

A nivel nacional, el gobierno sostiene el superávit fiscal mediante la utilización de rentas del Banco Central, ANSES y la venta de activos estatales, además de una estricta racionalización del gasto público. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que las reformas laborales y fiscales impulsadas permitirán una mayor formalización y, eventualmente, una recuperación de los ingresos tributarios. Sin embargo, economistas y analistas advierten que la recesión y la baja en el consumo interno podrían profundizar la crisis fiscal.

El deterioro de la recaudación se explica, en parte, por la eliminación de retenciones al sector agropecuario y la reducción de impuestos a la importación, medidas que, si bien buscan incentivar la actividad, han reducido los ingresos del Estado. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal estimó que, solo en febrero, las provincias perdieron más de 475 mil millones de pesos y la Nación más de 1,2 billones.

Mientras tanto, la presión sobre las cuentas provinciales es creciente, con advertencias sobre la sostenibilidad de los servicios básicos y el pago de salarios. El escenario plantea desafíos para la administración nacional y los gobiernos locales, que deberán equilibrar la necesidad de ajuste con la demanda social y la estabilidad institucional.