La Justicia argentina dio un paso clave en la disputa por la reforma laboral al revocar la medida cautelar que suspendía el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral. Esta disposición, central para el cálculo de las indemnizaciones por despido, había sido suspendida a fines de marzo por el juez Raúl H. Ojeda, a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), bajo el argumento de que podía vulnerar derechos constitucionales de los trabajadores.

Sin embargo, el 6 de abril, el mismo magistrado reconsideró su decisión tras analizar un estudio de la Red Académica de Jueces y Juezas del Trabajo. El informe advertía que la suspensión del artículo 55 podía perjudicar a trabajadores de provincias donde los sistemas de actualización de créditos laborales son menos favorables que el previsto en la reforma. Entre las jurisdicciones mencionadas se encuentran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Tucumán. Por ello, el juez resolvió que cada provincia deberá evaluar la pertinencia de aplicar los artículos 54 y 55 en los juicios en trámite.

El fallo deja sin efecto la cautelar sobre el artículo 55, aunque mantiene suspendidos otros artículos de la reforma laboral, y difiere el análisis de constitucionalidad para la sentencia definitiva. Además, ordenó la publicación de la resolución en el Boletín Oficial.

La reforma laboral, impulsada por el gobierno nacional y aprobada por el Congreso, enfrenta una fuerte resistencia sindical y judicial. La CGT sostiene que la norma implica una regresión de derechos laborales y afecta garantías constitucionales, mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA) pidió intervenir en la causa para defender los intereses empresariales y apeló la medida cautelar, advirtiendo sobre el impacto negativo de la suspensión para el sector productivo.

El Gobierno, por su parte, apeló la suspensión general de la reforma, pero el juez Ojeda rechazó que la apelación tenga efecto suspensivo, por lo que la medida cautelar sigue vigente para la mayoría de los artículos hasta que la Cámara Nacional del Trabajo resuelva el fondo del asunto.

El debate judicial y político sobre la reforma laboral continúa abierto, con posiciones enfrentadas entre sindicatos, empresarios y el Ejecutivo, y con la expectativa puesta en la decisión definitiva de la Justicia sobre la constitucionalidad de la norma.