El Poder Judicial de Chubut atraviesa una de sus mayores crisis tras la denuncia pública contra el juez Claudio Alejandro Petris, camarista en Esquel y hasta hace días presidente de la Asociación de Magistrados de la provincia. Una investigación periodística reveló graves acusaciones contra Petris, que incluyen abuso de poder, corrupción patrimonial, manipulación de causas judiciales y coerción sexual sobre subordinados.

Según los informes, Petris habría utilizado testaferros para ocultar un importante patrimonio, incluyendo al menos ocho propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y varias más en Esquel, además de vehículos de alta gama y embarcaciones. Parte de estos bienes estarían registrados a nombre de familiares o personas vulnerables, pero con usufructo vitalicio a favor del magistrado. Además, se lo vincula a la utilización de licencias médicas irregulares y a la emisión de fallos judiciales que beneficiaron a personas de su entorno personal, como el exfutbolista Aldo Duscher.

Las denuncias más graves refieren a coerción sexual y emocional, con audios y testimonios que describen amenazas explícitas y presiones sobre mujeres en situación de subordinación laboral. Frases como “te pongo droga y te denuncio” ilustran el nivel de intimidación denunciado. La reacción institucional ha sido escasa: fuentes del foro judicial, citadas de forma anónima, admiten temor a enfrentar a Petris debido a su influencia.

El escándalo se produce en un contexto de fuerte tensión entre el gobierno provincial y el Poder Judicial, marcado por la discusión sobre la eliminación de fueros y recientes denuncias de aumentos salariales encubiertos en el Superior Tribunal de Justicia. El gobernador Ignacio Torres criticó duramente a Petris y a la resistencia judicial a la reforma: “No puede haber islas de impunidad dentro del Estado provincial”, afirmó.

Petris, por su parte, niega las acusaciones y sostiene que se trata de una operación política para desacreditarlo y frenar la acción de la Asociación de Magistrados. Hasta el momento, no se han iniciado causas judiciales formales, pero el caso ha generado un fuerte reclamo social e institucional por mayor transparencia y una investigación a fondo. El episodio pone en jaque la legitimidad y la independencia del sistema judicial chubutense, en un clima de creciente desconfianza pública.