La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció penalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. Según la denuncia, la AFA habría retenido impuestos y aportes previsionales por un total de $7.593.903.512,23, sin ingresarlos en tiempo y forma al fisco nacional.

El escrito, presentado ante el Juzgado Penal Económico a cargo de Diego Amarante, detalla que la AFA actuó como agente de retención, descontando tributos y cargas sociales a terceros, pero no depositó esos fondos dentro del plazo legal de 30 días. En particular, las retenciones impositivas correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2025, por un total de $916 millones, permanecían impagas al 10 de diciembre de 2025. Por su parte, los aportes a la seguridad social, que suman $6.677 millones, fueron depositados fuera de término, con demoras que en algunos casos superaron los 300 días.

La denuncia identifica expresamente a Claudio Tapia como presidente y responsable fiscal de la entidad en el momento de los hechos. ARCA sostiene que la conducta de la AFA implicó el uso de fondos públicos para fines propios, lo que configura un delito penal tributario según la Ley 27.430, que prevé penas de dos a seis años de prisión para quienes no depositen tributos retenidos en los plazos legales.

El caso se suma a otras investigaciones judiciales que involucran a la cúpula del fútbol argentino, en un contexto de crecientes sospechas sobre el manejo de fondos y posibles maniobras de lavado de dinero. La denuncia de ARCA solicita la indagatoria de Tapia y otros responsables, así como la aplicación de las penas máximas previstas por la normativa vigente.

Hasta el momento, la dirigencia de la AFA no ha emitido declaraciones públicas sobre la acusación. El avance de la causa judicial podría tener consecuencias significativas para la conducción del fútbol argentino y para la transparencia en la administración de recursos en entidades deportivas. El caso pone en el centro del debate la necesidad de controles más estrictos y la responsabilidad de los dirigentes en el manejo de fondos públicos.