Un fuerte operativo de seguridad desplegado en la madrugada del viernes en la casa de la expresidenta Cristina Kirchner, ubicada en el barrio porteño de Constitución, desató una nueva controversia política en la capital argentina. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA), argumentando que la medida buscaba "mantener el orden" ante la presencia de militantes kirchneristas que, según sus palabras, estaban "convirtiendo las calles del barrio en una unidad básica".

La expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad, denunció el operativo como "ilegal" y sin orden judicial. En mensajes dirigidos a sus seguidores, Cristina Kirchner calificó a Bullrich como "nefasta" y acusó al Gobierno de utilizar la fuerza pública para provocar "conflicto y caos" y desviar la atención de la crisis económica y social. "La gente no come policías, ni tampoco come a Cristina presa. La gente quiere comer pan, fideos, harina, tener futuro", expresó la exmandataria en un audio difundido durante una concentración en Parque Lezama.

El operativo incluyó un importante despliegue de vallas y efectivos, así como la limpieza y remoción de carteles y estructuras instaladas por militantes en las inmediaciones del domicilio de Kirchner. Según el Gobierno porteño, el costo de estas tareas ascendió a 237 millones de pesos e involucró a más de 300 barrenderos y 150 policías. La intervención se realizó de manera preventiva ante la posibilidad de nuevas movilizaciones, luego de que la Justicia advirtiera a la exvicepresidenta sobre la necesidad de no alterar la tranquilidad del vecindario como condición para mantener el beneficio de la prisión domiciliaria.

En respuesta, Cristina Kirchner pidió a sus seguidores que evitaran concentrarse frente a su casa y trasladaran el acto de apoyo a Parque Lezama, donde miles de personas se congregaron en una muestra de respaldo. El episodio reavivó el debate sobre el uso de la fuerza pública, la vigencia de los derechos civiles y el clima de polarización política en el país. Mientras tanto, el peronismo enfrenta el desafío de reorganizarse de cara a las próximas elecciones legislativas, en un contexto de incertidumbre y crisis económica.