Desde el lunes 15 de junio, los usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontan un nuevo aumento en las tarifas de colectivos y trenes. El boleto mínimo de colectivo para quienes utilizan la tarjeta SUBE registrada pasa a costar $728,28, mientras que para quienes no la tienen nominalizada el valor asciende a $1.456,56. Este ajuste, del 2% para las líneas nacionales, forma parte de un esquema de incrementos escalonados que la Secretaría de Transporte implementó desde mayo y que prevé un aumento total del 6% hasta julio.

En el caso de los trenes, la tarifa mínima se mantiene en $350 con SUBE registrada, pero se anticipan nuevas subas mensuales hasta septiembre. Las autoridades explican que la estrategia de aplicar los aumentos a mitad de mes busca reducir el impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en mayo registró una suba del 2,1% y muestra una tendencia a la desaceleración.

Sin embargo, la medida ha generado tensiones entre el Gobierno, las empresas de transporte y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El sindicato de choferes denuncia un atraso salarial del 15% y reclama una recomposición urgente, mientras que las empresas sostienen que los aumentos autorizados no alcanzan para cubrir la inflación ni los costos operativos. "Calculamos un 15% de atraso en los sueldos de los choferes. Lo que pasa es que con el aumento del precio del combustible por el conflicto en Oriente Medio no aumentaron los subsidios; el Gobierno y las empresas no quieren aumentar los sueldos", señalaron fuentes de la UTA.

El gasto en transporte en el AMBA ha crecido un 1.276% desde diciembre de 2023, consolidándose como el componente de mayor peso en la canasta de servicios públicos, con un 48% del total. Las diferencias tarifarias entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad también se han ampliado, y los empresarios temen que los futuros acuerdos salariales no se reflejen adecuadamente en la estructura de costos, lo que podría derivar en nuevos reclamos y ajustes.

El Gobierno, por su parte, enfrenta el dilema de equilibrar la necesidad de actualizar tarifas y salarios con el objetivo de contener la inflación y el gasto público. Mientras tanto, los usuarios manifiestan preocupación por el creciente peso del transporte en el presupuesto familiar y la posibilidad de nuevos aumentos en los próximos meses.