La tragedia sanitaria provocada por el fentanilo contaminado en Argentina ha dejado al menos 124 víctimas fatales y ha puesto en el centro de la escena a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó el procesamiento y prisión preventiva de Ariel García Furfaro, titular de ambos laboratorios, junto a otros directivos y familiares, acusados de adulteración de sustancias medicinales agravada por el resultado de muerte y encubrimiento.

La investigación se intensificó tras la denuncia penal presentada por la ANMAT el 12 de mayo de 2025, que alertó sobre la circulación del lote 31202 de fentanilo adulterado. Cinco días después, videos y registros de chats revelaron que los directivos se reunieron para planificar la eliminación de pruebas, lo que fue interpretado por la Justicia como un intento deliberado de encubrimiento. "Todo lo que tenemos en los servidores de información, lo borramos todo. No hay un solo gramo de información", se escucha decir a Javier Tchukran, director general de los laboratorios, en uno de los videos incorporados al expediente.

El expediente también sumó testimonios de empleados que confirmaron la existencia de alertas internas sobre contaminación que no fueron reportadas ni atendidas. El juez Kreplak remarcó las "pésimas condiciones" en la producción de medicamentos, la falta de controles y la manipulación de registros documentales. Un informe del Instituto Malbrán, ignorado durante semanas, ya advertía sobre defectos críticos en la producción y la presencia de gérmenes peligrosos en los lotes.

El caso expuso no solo irregularidades empresariales, sino también graves fallas en el sistema estatal de control de medicamentos. La Justicia dictó embargos millonarios y mantiene la investigación sobre posibles conexiones con el narcotráfico y desvíos al mercado ilegal. El escándalo motivó la creación de una comisión especial en el Congreso y abrió el debate sobre la necesidad de reformas legislativas para mejorar la trazabilidad y los controles en la industria farmacéutica argentina.

Mientras tanto, la defensa de los acusados anunció que apelará el procesamiento, argumentando la falta de pruebas concluyentes. El impacto del caso ha trascendido fronteras, generando preocupación en Brasil y Paraguay por posibles ramificaciones regionales y la debilidad de los controles en la producción y distribución de medicamentos.