La Justicia Federal argentina dio un paso clave en la causa iniciada contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA por la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú. El juez federal Hernán Viri ordenó a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) remitir estudios y monitoreos actualizados sobre la calidad del agua en el tramo comprendido entre Termas de San José y Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos.

La medida judicial responde a una demanda preventiva presentada por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, quienes cuestionan el posible impacto ambiental del proyecto y exigen el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Estatuto del Río Uruguay para este tipo de emprendimientos binacionales. La perito bióloga designada en la causa solicitó acceder a documentación científica reciente para elaborar el informe técnico requerido por el juzgado.

Tras conocerse la decisión, el diputado Michel destacó que "la salida de este conflicto es a través de la aplicación de la ley y del tratado del Río Uruguay". Además, subrayó que la causa permite discutir el tema desde una perspectiva técnica y jurídica, alejándolo de la confrontación política. Por su parte, autoridades uruguayas han reiterado que el proyecto cumplirá con todas las exigencias ambientales y que existe un diálogo permanente con Argentina para despejar dudas sobre sus eventuales consecuencias.

La instalación de la planta de hidrógeno verde en Paysandú ha generado preocupación en Entre Ríos por su posible impacto ambiental en el río Uruguay y en las comunidades ribereñas. El conflicto, que lleva meses de debate, se desarrolla en un contexto de tensiones diplomáticas y negociaciones bilaterales. La ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona, informó que la empresa HIF Global tiene plazo hasta diciembre para definir si concreta el proyecto, mientras se analizan alternativas como la utilización de infraestructura existente en Paysandú.

El avance de la causa judicial y la solicitud de informes a la CARU marcan un nuevo capítulo en la disputa, que ahora se centra en la obtención de datos técnicos que permitan determinar el verdadero impacto ambiental de la planta. El resultado de estos estudios será clave para el futuro del proyecto y para las relaciones entre ambos países en materia ambiental.