El Parlamento italiano aprobó una nueva ley que restringe la concesión de la ciudadanía a descendientes de italianos en el extranjero, limitándola a dos generaciones. La medida, impulsada por la primera ministra Giorgia Meloni, busca frenar la alta demanda de solicitudes, especialmente desde Sudamérica, donde reside una gran cantidad de ítalo-descendientes.

La normativa, aprobada con 137 votos a favor, 83 en contra y 2 abstenciones, establece que solo podrán obtener la ciudadanía los hijos o nietos de italianos nacidos en Italia. Los bisnietos y tataranietos quedan excluidos, salvo que residan durante dos años en Italia o recurran a vías judiciales. Además, las solicitudes presentadas antes del 27 de marzo de 2025 no se verán afectadas por los nuevos requisitos.

Antonio Tajani, ministro de Relaciones Exteriores, justificó la medida argumentando que busca evitar abusos y fraudes en la obtención de pasaportes italianos. "La ciudadanía debe ser un vínculo real, no un trámite administrativo", afirmó. Según datos oficiales, el número de italianos en el extranjero ha crecido un 40% en la última década, pasando de 4.6 millones a 6.4 millones, con un aumento significativo en Sudamérica.

La ley también centraliza el proceso de solicitud en una oficina especial en Italia, dejando a los consulados la tarea de atender únicamente a ciudadanos ya reconocidos. Además, exige a los ciudadanos mantener vínculos reales con Italia, ejerciendo derechos y deberes al menos una vez cada 25 años.

La medida ha generado críticas tanto en Italia como en el extranjero. Desde la oposición italiana, se considera un ataque a la identidad histórica de la emigración italiana. En Argentina, donde se estima que miles de personas se verán afectadas, la comunidad ítalo-descendiente lamenta la pérdida de derechos adquiridos. Abogados y especialistas en extranjería anticipan demandas judiciales por inconstitucionalidad, argumentando que la ley no puede ser retroactiva.

El gobierno italiano, por su parte, defiende la medida como una forma de garantizar que la ciudadanía sea un vínculo auténtico con el país. Sin embargo, el impacto de esta normativa promete ser significativo, especialmente en países como Argentina, Brasil y Venezuela, donde la ciudadanía italiana es vista como una oportunidad para acceder a mejores condiciones de vida en Europa.