La interna en el gobierno nacional se profundizó tras la última sesión del Senado, donde la oposición logró aprobar proyectos clave relacionados con jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, renovó sus críticas hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de no defender la postura oficialista y de habilitar una sesión que el Ejecutivo considera "ilegítima".

Durante un acto en Tres de Febrero, Bullrich expresó: “La vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir: ‘No voy a estar frente a una sesión que no es correcta, no es legal, no es legítima, porque no estaba convocada’. Que se ponga del lado de la gente, no de los senadores kirchneristas que querían ver al presidente subiéndose a un helicóptero”. Estas declaraciones se suman a una serie de mensajes en redes sociales donde la ministra acusó a Villarruel de ser "cómplice del kirchnerismo destructor" y de "denigrar la institución" que preside.

La respuesta de Villarruel no se hizo esperar. A través de la red social X, la vicepresidenta defendió su accionar institucional y acusó a Bullrich de haber integrado "organizaciones terroristas" en el pasado. “Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere, porque los combatí siempre, mientras usted pululaba de partido en partido”, replicó Villarruel, quien también subrayó que su función es garantizar la institucionalidad y el funcionamiento del Senado.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó bajar el tono de la disputa, justificando la posición de Villarruel y calificando la situación como "institucionalmente compleja". Francos explicó que la vicepresidenta cumplió con su rol al presidir la sesión una vez conseguido el quórum, aunque luego se retiró cuando el bloque oficialista consideró la sesión ilegítima.

El presidente Javier Milei también intervino en la polémica, calificando a Villarruel de "traidora" durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Milei reiteró su rechazo a los proyectos aprobados y anticipó que serán vetados y, de ser necesario, judicializados.

El episodio refleja la creciente fractura interna en el oficialismo y la tensión sobre el manejo del Congreso, en un contexto de fuerte debate sobre el rumbo económico y la institucionalidad democrática. El desenlace de este conflicto podría tener implicancias significativas para la gobernabilidad y la agenda legislativa en los próximos meses.