La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del Gobierno nacional al convocar a representantes de la Iglesia católica y organizaciones sociales para debatir el proyecto de baja de la edad de imputabilidad a 14 años. En una reunión informal con senadores, delegados de la Pastoral Social y Cáritas expusieron su postura crítica, argumentando que la medida no reducirá el delito juvenil y reclamando un abordaje integral centrado en la prevención, la inclusión y la contención social.

El encuentro se produjo luego de que la Cámara de Diputados otorgara media sanción al proyecto, que será tratado en el Senado la próxima semana. La Iglesia católica, a través de una "Carta Abierta a los Legisladores Nacionales", advirtió que la respuesta penal temprana no constituye una solución eficaz frente al delito juvenil. "La evidencia regional muestra que los países con edades de imputabilidad más bajas registran mayores niveles de violencia, mientras que la Argentina —con un piso de 16 años— mantiene una de las tasas de homicidios más bajas de la región", señalaron los representantes eclesiásticos.

Además, sostienen que el Estado argentino carece de las condiciones materiales, institucionales y presupuestarias necesarias para implementar un régimen que garantice acompañamiento integral, atención en salud mental, continuidad educativa y procesos efectivos de reinserción social. En ese sentido, alertaron que la ampliación de la respuesta penal recaería principalmente sobre los sectores más vulnerables, sin atacar las causas estructurales de la violencia.

La vicepresidenta Villarruel, quien recientemente inauguró un oratorio católico en el Senado y visitó referentes religiosos en La Rioja, se posiciona como interlocutora de la Iglesia, en contraste con el presidente Javier Milei, quien mantiene distancia con la jerarquía católica y se acerca a pastores evangélicos. Estos últimos apoyan la baja de imputabilidad, aunque también reclaman un abordaje integral del problema.

Finalmente, la Iglesia y las organizaciones sociales proponen fortalecer mecanismos de justicia restaurativa para los mayores de 16 años que cometan delitos graves, y advierten sobre posibles cuestionamientos de constitucionalidad del proyecto, al considerar que podría implicar una medida regresiva en materia de derechos humanos y contraria a compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. "La solución a la violencia no es el castigo temprano, sino la prevención, la inclusión y la creación de oportunidades reales", concluyeron.