Las repercusiones del arco político a los encontronazos entre diputados en el Congreso
- Fallo en EE.UU. ordena a Argentina entregar 51% de YPF a fondos Burford y Eton Park - Cruce político entre Milei y Kicillof por la responsabilidad - Gobierno apelará la decisión judicial - Impacto económico y político en debate 🇦🇷⚖️



La reciente decisión de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, de ordenar a la Argentina la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, ha generado un fuerte impacto político y económico en el país. El fallo, que responde a la expropiación de la petrolera en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner, establece que la transferencia de acciones debe realizarse en un plazo de 14 días como parte de pago de una indemnización de US$16.100 millones más intereses.
El presidente Javier Milei responsabilizó directamente al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien lideró la expropiación como viceministro de Economía, por el fallo adverso. "Lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger", replicó Kicillof, calificando la sentencia como un "disparate jurídico" y defendiendo la medida de 2012 como clave para la soberanía energética.
El gobierno argentino anunció que apelará la decisión y presentó un escrito ante la jueza Preska solicitando la suspensión de la entrega de acciones hasta que la Cámara revisora se expida sobre la cuestión de fondo. Mientras tanto, el caso reaviva el debate sobre la gestión de los recursos estratégicos y la relación con los mercados internacionales.
El conflicto judicial se origina en el incumplimiento del estatuto de YPF durante la expropiación, que obligaba a realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los accionistas. Los fondos demandantes adquirieron derechos litigiosos y llevaron el caso a la justicia estadounidense, que falló en su favor.
Analistas advierten que la decisión podría afectar el control estatal sobre Vaca Muerta y la política energética nacional, además de impactar en la confianza de los inversores y la estabilidad de la empresa. El gobierno, por su parte, asegura que agotará todas las instancias legales para defender los intereses nacionales, mientras la oposición y el oficialismo se acusan mutuamente por las consecuencias del caso.
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