Representantes de víctimas venezolanas y organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Justicia argentina un pedido para que se active la extradición de Nicolás Maduro, recientemente capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses y trasladado a Estados Unidos. El objetivo es que el exmandatario venezolano sea juzgado en Buenos Aires por delitos de lesa humanidad, incluyendo desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones sistemáticas cometidas durante su gobierno.

El pedido fue formalizado por el abogado Tomás Farini Duggan y el legislador porteño Waldo Wolff, en nombre del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación de Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD), quienes actúan como querellantes en la causa que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py. El juez federal Sebastián Ramos, a cargo del expediente, ya había ordenado la captura internacional de Maduro en septiembre de 2024, junto a otros funcionarios venezolanos como Diosdado Cabello y Justo José Noguera Pietri.

La solicitud se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, previsto en la Constitución Nacional argentina, que habilita al país a investigar y juzgar crímenes de extrema gravedad, independientemente del lugar donde se hayan cometido. La Cámara Federal Porteña había ordenado avanzar con la indagatoria y la extradición de los imputados, y ahora la Cancillería argentina debe gestionar el pedido ante las autoridades estadounidenses, amparándose en los tratados internacionales vigentes.

El caso ha generado atención jurídica y diplomática, ya que implica a un jefe de Estado en ejercicio y plantea complejos debates sobre soberanía, jurisdicción y cooperación internacional en materia de derechos humanos. Los querellantes sostienen que las pruebas recabadas acreditan desapariciones forzadas, violaciones, torturas y ejecuciones ordenadas por el régimen de Maduro. "Solicitamos que se requiera la inmediata extradición de Nicolás Maduro Moros a nuestro país, en cumplimiento de las órdenes de detención dispuestas en este proceso", señalaron en el escrito presentado ante la Justicia.

El proceso podría tener implicancias diplomáticas entre Argentina, Estados Unidos y Venezuela, y representa un precedente relevante en la lucha contra la impunidad de crímenes de lesa humanidad en la región.