El gobierno de Javier Milei atraviesa una de sus semanas más críticas, marcada por el avance de una investigación judicial sobre presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y una serie de derrotas políticas en el Congreso. El caso se desató tras la filtración de audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien relató un supuesto sistema de coimas en la compra de medicamentos, involucrando a funcionarios cercanos a Karina Milei y Lule Menem. La Justicia realizó 15 allanamientos en sedes oficiales, droguerías y domicilios particulares, mientras el fiscal Franco Picardi analiza dispositivos electrónicos y documentación secuestrada.

La crisis se profundizó con la ruptura interna en La Libertad Avanza, cuando los diputados Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro abandonaron el bloque oficialista y crearon "Coherencia", denunciando manipulación y falta de transparencia. En paralelo, la oposición logró revertir varios vetos presidenciales, reactivar la comisión investigadora $LIBRA y aprobar leyes clave como la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, evidenciando el aislamiento del oficialismo en ambas cámaras.

El escándalo amenaza con erosionar el principal activo político de Milei: la imagen de honestidad y diferencia con la "casta" tradicional. Funcionarios cercanos al presidente temen que Spagnuolo se convierta en "imputado colaborador", lo que podría derivar en nuevas revelaciones judiciales y profundizar la crisis. El gobierno, por su parte, atribuye el caso a una "operación kirchnerista" y busca contener el daño político, mientras la oposición prepara nuevas ofensivas parlamentarias y judiciales.

En este contexto, analistas advierten que la gestión libertaria enfrenta un desgaste institucional acelerado, con llamados a reformas profundas y una reconfiguración de alianzas. El proceso electoral próximo añade presión, y el desenlace del caso ANDIS podría ser determinante para el futuro político del oficialismo.