El Gobierno nacional profundizó en julio de 2025 su política de ajuste fiscal, con un impacto significativo en las asignaciones familiares, la AUH y la obra pública. Según datos de la consultora Analytica y reportes oficiales, el gasto devengado cayó un 1,5% interanual a precios constantes, marcando la cuarta baja consecutiva en el año. Esta reducción se concentró principalmente en los programas sociales y en las asignaciones a trabajadores registrados.

Por primera vez, se observó una caída real en el gasto destinado a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares, con una disminución del 5,7%. El ajuste fue más pronunciado en las asignaciones familiares, que retrocedieron un 20,6%, mientras que la AUH mostró un leve incremento del 5,6%. En el acumulado de los primeros siete meses del año, el gasto total se incrementó apenas un 2,3% respecto al mismo período de 2024, manteniéndose en niveles históricamente bajos.

La obra pública fue uno de los sectores más afectados, ubicándose en mínimos históricos. En los primeros siete meses, el gasto en infraestructura cayó un 47,4% interanual, continuando la tendencia descendente iniciada en 2024. Los subsidios económicos, especialmente los vinculados a la energía, también sufrieron un fuerte recorte, con una baja del 51,9% respecto al año anterior.

Por otro lado, el pago de intereses de deuda se disparó un 353% en julio, mientras que el gasto de capital descendió un 48%. Las transferencias corrientes a provincias experimentaron un crecimiento del 120,7%, explicado por la baja base de comparación y el cumplimiento de sentencias judiciales. El gasto en bienes y servicios aumentó un 23,2%, y las jubilaciones y pensiones un 16,3%.

El superávit primario acumulado en los primeros siete meses alcanzó los $9,7 billones, mientras que el financiero fue de $2,8 billones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. El ajuste fiscal responde a la estrategia del Gobierno de Javier Milei, que prioriza la reducción del déficit y el pago de deuda, pese a los pedidos del Congreso para aumentar el financiamiento de políticas públicas.

Consultoras privadas y medios advierten sobre el impacto negativo de estas medidas en la clase media y los sectores más vulnerables. Mientras tanto, el Gobierno defiende la disciplina fiscal y el superávit como logros económicos, en un contexto de persistente debate sobre las consecuencias sociales del ajuste.