El inicio del cuatrimestre en las universidades públicas argentinas estuvo marcado por un paro nacional de docentes y no docentes, que dejó aulas vacías y actividades académicas suspendidas en todo el país. La medida, convocada por el Frente Sindical Universitario y respaldada por gremios como CONADU, responde a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y a la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025 pero aún no implementada plenamente.

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la adhesión al paro fue casi total, con pasillos desiertos y estudiantes que se acercaban solo para confirmar la suspensión de clases. "La adhesión hoy es total porque confluyen todas las federaciones de trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes. No va a volar una mosca", afirmó Pablo Perazzi, secretario general de Feduba. Situaciones similares se replicaron en otras universidades del país, como la Universidad Nacional de Córdoba, donde docentes, no docentes y médicos residentes realizaron clases públicas y cortes de calle para visibilizar el conflicto.

El reclamo central de los gremios apunta a la recomposición salarial y la aplicación de la Ley 27.795, que establece la actualización automática de salarios y partidas presupuestarias. Según datos de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), los salarios universitarios han perdido entre 34% y 44% de su poder adquisitivo en los últimos dos años. "Más de 10.000 docentes han tenido que dejar de dar clases y buscar otros trabajos frente a la miseria salarial", advirtió Mercedes de Mendieta, dirigente de la AGD-UBA.

El conflicto se agravó tras la suspensión de la ley por decreto presidencial y la judicialización del tema. Aunque el Gobierno presentó un proyecto alternativo en el Congreso, la propuesta enfrenta el rechazo de sectores universitarios y sindicales, que consideran insuficiente la recomposición salarial ofrecida y temen la pérdida de derechos adquiridos. El Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA ratificaron su demanda de cumplimiento de la ley vigente y declararon la emergencia de los hospitales universitarios.

Las protestas incluyen cortes de calles, clases públicas y movilizaciones en distintas ciudades. Además, los gremios anunciaron un plan de lucha progresivo, con nuevas medidas previstas para las próximas semanas y la convocatoria a una marcha federal universitaria. El conflicto universitario, que involucra a más de 2 millones de estudiantes, pone en evidencia la tensión entre el Gobierno, los sindicatos y las autoridades académicas, y plantea un escenario incierto para el desarrollo del ciclo lectivo 2026.