El pasado 11 de septiembre, la Cámara Federal de Casación Penal celebró una audiencia clave para definir el futuro del decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 había fijado el monto a devolver en $684.990.350.139,86, cifra que fue ratificada por el fiscal ante Casación, Mario Villar, quien argumentó que el decomiso es una consecuencia jurídica autónoma destinada a eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas ilícitamente.

La defensa de la expresidenta, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, impugnó tanto el monto como el método de actualización utilizado, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según los peritos de la defensa, el monto debería ser de $42.000 millones, muy por debajo de la cifra oficial. Los abogados alegaron violaciones al derecho de defensa y arbitrariedad en la elección del índice, además de solicitar la suspensión de la ejecución de los bienes hasta que se resuelvan las impugnaciones.

El fiscal Villar, por su parte, sostuvo que la sentencia condenatoria y el decomiso fueron debatidos y confirmados en todas las instancias, incluida la Corte Suprema, por lo que la decisión es firme y no puede ser modificada. "La comisión de hechos punibles no debe ser rentable ni para los autores ni para los partícipes ni para terceras personas", afirmó en su dictamen.

Entre los bienes sujetos a decomiso figuran propiedades emblemáticas, hoteles y sumas de dinero en efectivo, adquiridos entre 2003 y 2015. La individualización de estos bienes quedó a cargo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes deberán precisar cuáles corresponden al producto del delito.

El debate sobre el método de actualización y la ejecución del decomiso sigue abierto. La defensa de Kirchner advirtió que, de no prosperar sus planteos, recurrirá a la Corte Suprema y a organismos internacionales de derechos humanos. Mientras tanto, la Sala IV de Casación tiene cinco días para resolver si confirma el monto fijado o da lugar a los recursos presentados. El destino final de los bienes podría incluir su subasta o asignación a programas sociales, según lo dispuesto por la Corte Suprema.