Salta: condenan al hijo del exintendente de Morillo, a un comerciante y a un gendarme por robo y contrabando de rieles y cohecho
• Condenan a hijo de exintendente, comerciante y gendarme por robo y contrabando de rieles del Belgrano Cargas en Salta. • Exintendente y policía irán a juicio; usaron recursos municipales y coimas. • Material era exportado ilegalmente a Bolivia.



La justicia federal de Salta condenó a tres personas y elevó a juicio a otras dos por el robo y contrabando de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas, en una causa que involucra a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y actores privados. Miguel Gerala, hijo del exintendente de Morillo, el comerciante David Medina y el gendarme Jorge Cabrera recibieron penas de prisión por su participación en una organización delictiva que saqueó sistemáticamente el ramal C25, utilizando recursos municipales y mano de obra de comunidades originarias.
La investigación comenzó en agosto de 2024, tras una denuncia del Correo Argentino por el envío sospechoso de más de 480 neumáticos. Las pesquisas revelaron que Medina, con antecedentes por contrabando, coordinaba la exportación ilegal de material ferroso, especialmente rieles, hacia Bolivia. El material era extraído con maquinaria municipal y acopiado en Orán, antes de ser trasladado por pasos fronterizos no habilitados.
El exintendente Atta Gerala, destituido tras ser imputado, y el policía Mauro Rodríguez enfrentarán juicio oral, con expectativas de penas de 11 y 3 años respectivamente. Según la acusación, Gerala facilitó el uso de herramientas y vehículos municipales, mientras que Rodríguez y Cabrera, desde la policía y la Gendarmería, liberaban zonas y rutas para evitar controles a cambio de coimas.
Durante los allanamientos, se secuestraron rieles valuados en millones de pesos en propiedades del exintendente y predios municipales. El fiscal Eduardo Villalba subrayó la gravedad de los hechos y la influencia política utilizada para cometer los delitos. La causa, respaldada por escuchas, videos y testimonios, expone la connivencia entre funcionarios y fuerzas de seguridad en delitos contra el patrimonio público. El juicio oral determinará las responsabilidades finales y podría sentar un precedente en la lucha contra el contrabando y la corrupción en la región.
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