El Gobierno nacional se encuentra en la etapa final para la publicación de un decreto que disolverá organismos históricos en materia de transporte y vialidad, como la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). La medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, responde a la intención de reorganizar funciones y eliminar superposiciones administrativas, en un contexto de reducción del Estado y antes del vencimiento de las facultades delegadas el próximo 8 de julio.

Según fuentes oficiales y medios nacionales, las funciones de los organismos eliminados serán absorbidas por nuevas estructuras o entidades ya existentes, como la Secretaría de Transporte, la futura Agencia de Control de Concesiones de Transporte y la Gendarmería Nacional. Esta última asumirá el control y fiscalización del tránsito terrestre en todo el territorio nacional, incluyendo pasos fronterizos y áreas integradas. El Ministerio de Economía, por su parte, será responsable de las concesiones de obras e infraestructuras públicas viales, así como del cobro y fiscalización de tasas y aranceles relacionados.

El Gobierno argumenta que la decisión se basa en la superposición de tareas entre organismos, como la prevención de accidentes de tránsito y la fiscalización del transporte, que actualmente comparten la ANSV, la CNRT y la Subsecretaría de Transporte Automotor. La nueva Agencia de Control de Concesiones de Transporte se encargará de la fiscalización y control de los contratos de concesión de obras viales y servicios de transporte público de jurisdicción nacional.

En cuanto al personal, la planta de empleados de los organismos disueltos será mantenida con sus cargos y unidades organizativas vigentes de manera temporal. Sin embargo, la medida genera preocupación entre los trabajadores, especialmente en provincias como Chubut, donde 169 empleados de Vialidad temen por sus puestos. Soledad García, secretaria general del sindicato local, advirtió sobre la falta de interlocutores y la posibilidad de medidas de fuerza, como cortes de ruta.

La reforma también incluye la transformación de la Junta de Seguridad en el Transporte, que pasará a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, limitando su competencia al ámbito aeronáutico. El Gobierno sostiene que la reestructuración permitirá una mayor eficiencia y control estatal, mientras que los sindicatos y empleados afectados expresan inquietud por la estabilidad laboral y la falta de diálogo. La publicación del decreto es inminente y marcará un cambio significativo en la arquitectura estatal del transporte y la vialidad en Argentina.