Todos los condenados por Vialidad se presentaron en Comodoro Py y quedaron detenidos
• Todos los condenados en la causa Vialidad, incluidos Cristina Kirchner y José López, ya están detenidos o bajo arresto domiciliario. • El fallo de la Corte Suprema activó las detenciones por corrupción en la obra pública de Santa Cruz. • Se esperan definiciones sobre pedidos de prisión domiciliaria.



Todos los condenados en la causa Vialidad, incluido el exsecretario de Obras Públicas José López y la expresidenta Cristina Kirchner, se encuentran ya detenidos o bajo arresto domiciliario, tras la confirmación de sus sentencias por la Corte Suprema de Justicia. El plazo para presentarse ante el Tribunal Oral Federal 2 vencía este miércoles, y durante la jornada se concretaron las entregas de los exfuncionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz, quienes arribaron a Comodoro Py acompañados de sus abogados y familiares.
Las penas, que van de tres años y medio a seis años de prisión, incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario en su departamento de la Ciudad de Buenos Aires, bajo estrictas condiciones y con tobillera electrónica, mientras que otros condenados, como José López y Nelson Periotti, solicitaron la misma modalidad por razones de salud o seguridad. El tribunal evaluará estos pedidos tras los exámenes médicos correspondientes.
El caso Vialidad investigó la adjudicación irregular de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, que beneficiaron sistemáticamente a empresas vinculadas a Lázaro Báez. El daño al Estado fue estimado en más de 84.800 millones de pesos. Báez, por su parte, ya se encontraba detenido en Río Gallegos por otra causa de lavado de dinero y fue notificado en prisión de la nueva condena.
El juez Jorge Gorini, responsable de ejecutar las penas, dispuso el alojamiento de los condenados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, a la espera de definiciones sobre los pedidos de prisión domiciliaria. El caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y reavivó el debate sobre la corrupción y la transparencia en la administración pública argentina. Las defensas de los condenados insisten en la necesidad de garantías de seguridad y atención médica, mientras la Justicia avanza en la ejecución de las sentencias.
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