El paro de controladores aéreos anunciado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) amenaza con paralizar la actividad aérea en Argentina durante las vacaciones de invierno. Tras una reunión fallida entre el gremio y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), el cronograma de diez jornadas de paro se mantiene firme, con fechas clave entre el 11 y el 30 de julio, en coincidencia con el receso escolar en varias provincias.

La medida, que incluye la interrupción de despegues, circulación de vehículos en pista y gestión de planes de vuelo, podría derivar en cancelaciones y demoras masivas en todos los aeropuertos del país. El gremio fundamenta la protesta en la falta de respuestas a reclamos que llevan más de diez meses sin solución y denuncia una política de "desregulación salvaje" por parte del Gobierno. Por su parte, fuentes oficiales calificaron la acción como una "extorsión" y aseguraron que se trabaja contrarreloj para minimizar el impacto sobre los pasajeros y garantizar la seguridad operacional.

El sector turístico y las cámaras empresariales manifestaron su profunda preocupación. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad de Buenos Aires (AHRCC) y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA) advirtieron sobre la caída de reservas y el riesgo de pérdidas millonarias, en un contexto de baja ocupación y consumo. Las aerolíneas, a través de Jurca, IATA y ALTA, señalaron que la reprogramación de vuelos será prácticamente imposible por la alta demanda estacional.

El conflicto se desarrolla en un clima de tensión entre el Gobierno y los sindicatos, con acusaciones cruzadas sobre la politización de la protesta y la responsabilidad en la falta de acuerdo. Mientras tanto, se espera una nueva instancia de negociación el jueves 10 de julio, que será clave para definir si se logra una salida consensuada o si el paro se concreta, con consecuencias directas para millones de pasajeros y para la economía nacional. El desenlace de este conflicto podría marcar el pulso de la temporada turística y la relación entre el Ejecutivo y los gremios en los próximos meses.