El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, implementó una reforma de gran alcance en la Policía Federal Argentina (PFA) a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 383/2025. La medida, presentada el 17 de junio, redefine el estatuto de la fuerza y crea el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), una unidad especial orientada a combatir el crimen organizado y delitos complejos, inspirada en el modelo del FBI estadounidense.

Entre los cambios más significativos, el decreto amplía las facultades de la PFA para realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos y digitales, incluyendo redes sociales, y permite detenciones y requisas sin necesidad de autorización judicial cuando existan circunstancias fundadas. Estas modificaciones han sido justificadas por el gobierno como una respuesta necesaria para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado, y se suman a otras medidas recientes como la ley Antimafias, la habilitación de las Fuerzas Armadas en ciudades y fronteras, y la desregulación de la tenencia de armas.

Sin embargo, la reforma generó una fuerte reacción de la oposición y de organismos de derechos humanos. Diputados opositores presentaron proyectos de derogación y recursos judiciales, argumentando que el decreto es inconstitucional y que otorga facultades discrecionales a la policía, debilitando los controles judiciales y parlamentarios. "No parece apuntar al crimen organizado, sino más bien a la política y las manifestaciones sociales", advirtió el diputado Matías Molle. Por su parte, la exministra Sabina Fréderic señaló que la medida fortalece a la PFA en detrimento de los controles democráticos.

Desde el oficialismo, la diputada Laura Rodríguez Machado defendió la reforma, asegurando que permitirá a la PFA cumplir con su misión original y obtener resultados concretos en la lucha contra el crimen complejo. El presidente Milei afirmó que la fuerza se pondrá "en línea con los estándares del FBI".

El debate sobre la constitucionalidad y el alcance de la reforma continúa en el Congreso y en la Justicia, mientras especialistas y organizaciones advierten sobre el impacto en los derechos y garantías ciudadanas. El contexto de endurecimiento de las políticas de seguridad y la superposición de competencias tras el traspaso de personal a la Ciudad de Buenos Aires enmarcan una discusión que promete seguir abierta en los próximos meses.