La Corte ya está en condiciones de resolver qué se hará con las propiedades de Cristina Kirchner y Lázaro Báez
• La Corte Suprema definirá el destino de bienes decomisados a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros en la causa Vialidad. • Incluye propiedades emblemáticas en Santa Cruz y CABA. • El monto a cubrir supera los $684.990 millones. #Justicia #Argentina



La Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó en condiciones de definir el destino de los bienes decomisados a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en la causa Vialidad, tras la remisión formal del detalle patrimonial por parte del Tribunal Oral Federal 2. La medida, que afecta a más de 90 propiedades de Báez y una veintena de la familia Kirchner, responde a la condena firme por corrupción y busca cubrir un monto actualizado de $684.990.350.139,86.
El tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dispuso que la Corte determine si los bienes serán incorporados al patrimonio judicial, cedidos a organismos públicos o subastados. Entre los inmuebles figuran propiedades emblemáticas en Santa Cruz, como el mausoleo de Néstor Kirchner y la chacra de Báez, así como el departamento donde reside Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires, cuya inclusión en el decomiso es analizada por la fiscalía.
La sentencia, que quedó firme en junio de 2025, estableció que el decomiso cumple una función reparatoria del daño social causado por la corrupción, con especial énfasis en la afectación a la red vial de Santa Cruz. Los jueces recomendaron priorizar a la provincia en la asignación de bienes de utilidad social.
Las defensas de los Kirchner y Báez han manifestado su rechazo a la medida, argumentando la falta de nexo causal entre los bienes y los delitos, así como la ilegitimidad de ejecutar propiedades adquiridas antes de 2009. Sin embargo, el tribunal sostuvo que basta con acreditar coincidencia temporal y razonabilidad económica para proceder al decomiso, que también alcanza a bienes transformados o cedidos a terceros.
El proceso de ejecución patrimonial se desarrolla en coordinación con otros tribunales y organismos judiciales, centralizando la información en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados o Decomisados. La decisión final de la Corte Suprema marcará un precedente en la administración de activos recuperados en causas de corrupción y podría tener implicancias en futuros procesos similares.
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