El Gobierno argentino ha decidido eliminar los subsidios de luz y gas para más de 440 barrios cerrados, countries y zonas de alto poder adquisitivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluyendo Puerto Madero. La medida, que afecta a más de 15,500 usuarios, busca optimizar el uso de recursos públicos y garantizar que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan.

La decisión fue formalizada a través de la Disposición 1/2025 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético. Según fuentes oficiales, se estima un ahorro fiscal de $3,000 millones anuales. La metodología utilizada para identificar a los beneficiarios no elegibles incluyó herramientas avanzadas de georreferenciación y análisis espacial, como QGIS y bases de datos espaciales en PostgreSQL/PostGIS. Esto permitió cruzar información geográfica con datos de consumo energético del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que la medida afecta principalmente a usuarios categorizados como N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios) que residen en urbanizaciones de alto poder adquisitivo. Estos usuarios serán recategorizados como N1 (ingresos altos) y perderán automáticamente el acceso a los subsidios. "Algunos de estos beneficiarios tenían consumos similares a los de una PyME promedio", señaló Adorni.

Entre las urbanizaciones afectadas se encuentran reconocidas zonas como Nordelta, Ayres del Pilar, La Martona y Puerto Madero. También se incluyen barrios cerrados en partidos como Pilar, Tigre, Escobar, Malvinas Argentinas y San Fernando. En el sur del conurbano bonaerense, la medida impacta en urbanizaciones como Nuevo Quilmes, Hudson Park y Lagos de Canning.

El ajuste en los subsidios energéticos es parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno para reducir el déficit fiscal y optimizar el gasto público. Los subsidios en Argentina están segmentados en tres niveles: N1 (ingresos altos, sin subsidios), N2 (ingresos bajos, subsidios completos) y N3 (ingresos medios, subsidios parciales). La medida busca corregir inconsistencias en la segmentación actual, donde hogares de altos ingresos continuaban recibiendo subsidios destinados a sectores vulnerables.

Fuentes oficiales destacan que esta política podría extenderse a otras provincias en el futuro, dependiendo de la colaboración con gobiernos locales y la disponibilidad de datos geográficos precisos. Expertos en energía consideran que la metodología aplicada podría servir como modelo para otras políticas públicas.

Sin embargo, la medida no está exenta de críticas. Algunos sectores argumentan que podría generar tensiones en usuarios de ingresos medios que se ven afectados por la recategorización. A pesar de ello, el Gobierno defiende la decisión como un paso necesario hacia una mayor equidad en la distribución de los recursos públicos.