La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, se intensifica esta semana con la citación de nuevos testigos y la revisión detallada de sus gastos y operaciones inmobiliarias. El fiscal federal Gerardo Pollicita, junto al juez Ariel Lijo, busca determinar si el crecimiento en el nivel de vida de Adorni puede justificarse con su sueldo y ahorros declarados ante la Oficina Anticorrupción.

Entre los puntos bajo análisis se encuentran la compra y refacción de una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y la adquisición de un departamento en Caballito. Para ambas operaciones, Adorni recibió préstamos por un total de 300.000 dólares de particulares, incluyendo dos jubiladas y dos agentes de la Policía Federal, en condiciones poco habituales y con pagos en efectivo. Además, la Justicia investiga gastos superiores a 100.000 dólares en efectivo, así como viajes y estadías de lujo, como una escapada familiar a Bariloche que superó los 9 millones de pesos y fue abonada meses después de realizada.

El fiscal Pollicita citó a declarar a Matías Tabar, contratista encargado de las refacciones en la casa de Indio Cuá, y a Leandro Miano, vinculado a la compraventa del departamento de Caballito, quienes deberán aportar documentación y comprobantes de los pagos realizados. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) colabora en el análisis de los movimientos patrimoniales de Adorni y su esposa.

En declaraciones públicas, Adorni ha negado cualquier enriquecimiento ilícito y sostiene que puede justificar todos sus gastos. Sin embargo, la causa ha generado un fuerte impacto político, afectando la imagen del gobierno de Javier Milei y alimentando tensiones internas en el oficialismo. Analistas advierten que la permanencia de Adorni en el gabinete representa un costo político significativo y complica la gestión en un contexto de dificultades económicas y sospechas sobre la transparencia en la administración pública.

La investigación continúa y se espera que las nuevas declaraciones y documentos aportados esta semana sean determinantes para el avance de la causa. El caso se mantiene en el centro de la agenda pública y política, con posibles implicancias para el futuro del gabinete y la estrategia del gobierno.