El concejal Jonatan Arce, representante de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, presentó su renuncia este domingo tras negarse a realizar un test de alcoholemia durante un control vehicular en la madrugada del viernes. La situación, que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios locales, generó un fuerte impacto político en la ciudad y abrió un debate sobre la ética y la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Arce, quien integraba la Comisión de Tránsito y Transporte, fue detenido en un operativo de rutina y se negó a someterse al test de alcoholemia. De acuerdo con la normativa vigente, la negativa fue considerada como "positivo por presunción", lo que derivó en una multa de $1.412.800. El hecho cobró mayor notoriedad luego de que Santiago Saccoccia, padre de una víctima fatal de siniestro vial por alcohol, reclamara públicamente el despido del edil a través de las redes sociales.

En un comunicado difundido en la mañana del domingo, Arce reconoció su error y asumió la responsabilidad: "Actué de manera incorrecta y quiero reconocerlo con total honestidad, sin excusas. Durante el procedimiento no accedí al test de alcoholemia. Fue una decisión equivocada, asumo la responsabilidad y pido disculpas". El concejal agregó que entregó la documentación solicitada y aceptó la sanción correspondiente, subrayando que "quienes ocupamos funciones públicas debemos actuar con responsabilidad y sostener una conducta acorde al rol que representamos".

La renuncia de Arce se produce en una semana clave para el Concejo Deliberante, que debe debatir la suba de tasas municipales. Su salida obliga al oficialismo a definir rápidamente a su reemplazante, en un contexto donde la normativa provincial no exige paridad de género para los reemplazos legislativos. Entre los posibles sucesores figuran Lucía Veláustegui, Paulo Mónaco, Micaela Gasparini, Ricardo Kloster y Mariela Berardi, aunque la decisión final dependerá de acuerdos políticos internos.

El caso de Arce se suma a antecedentes similares en la provincia de Buenos Aires, donde otros funcionarios debieron dejar sus cargos por negarse a controles de alcoholemia. El episodio es interpretado por diversos sectores como un mensaje de ética pública y un llamado a la coherencia en el ejercicio de la función pública. Hasta el momento, ni el municipio ni el bloque oficialista han emitido declaraciones oficiales sobre el tema. El desenlace de este caso podría sentar un precedente en la política local respecto a la tolerancia frente a conductas indebidas de los representantes públicos.